El presidente de los empresarios de Arousa propone cerrar los albergues públicos de peregrinos
Entre tanto algunas asociaciones de Amigos del Camino se esfuerzan, no sin obstáculos, en proteger la acogida tradicional, entendida como un patrimonio intangible milenario que constituye uno de los principales elementos identitarios de la peregrinación jacobea, los jenízaros de turno, con grandes dosis de ignorancia y poniendo en marcha la apisonadora, pretenden acabar no solo con este tipo de hospitalidad, sino con todo tipo de albergue público.
Cada vez que concluye un año santo, con el consabido rebosar de las cajas de la hostelería del Camino, el saber que al año siguiente no será Jauja, unido a ese pecado convertido en virtud de la ambición, que corroe las entrañas de muchos mortales con espíritu faraónico (acumular para la pirámide), surge la letanía o el mantra ya conocido:
«Es llegada la hora de regular los albergues públicos y de donativo, que son competencia desleal y en el presente ya no tienen razón de ser».
Pese a que la matraca liberal ya es vieja, emerge como los bufones de Pría, de tiempo en tiempo con una fuerza inusitada. El último acto ha tenido por protagonista a José Luis Vilanova, presidente de los empresarios de Arousa (ría por la que pasa el llamado Camino Espiritual de Santiago, y otras variantes igualmente inventadas), en el territorio del Camino Portugués.
Su justificación es clara y meridiana, en la línea de las simplificaciones indocumentadas que en el presente nos pretenden colar políticos y vendedores de humo. De partida propone, trampa saducea, una pregunta para confundirnos: ¿preferimos la calidad y la excelencia o la cantidad? Sin embargo, lo que él considera excelencia no es un peregrino con valores, no, señor, sino un extranjero con la billetera bien cargada y dispuesto a vaciarla.
Añade que el sector debe rentabilizar el flujo de turistas, como si el sector fuesen solo alojamientos y no, también, restaurantes y bares, supermercados y tiendas, farmacias y talleres de reparación de bicicletas, taxistas y empresas que ofrecen actividades alternativas, etc.
Su solución, en la línea de Liz Truss, pasa por cerrar cuanto antes los albergues públicos, y se refiere a ellos porque en su zona no hay más que uno de donativo, el del convento franciscano de Herbón (Padrón). El modelo público es, resumiendo mucho, baratero, y lo que se desearía es que aquí solo vengan los pudientes, y el resto que se vaya a hacer puñetas, porque Galicia no puede ser un destino de bajo coste.
Como guinda, dice que en Jerusalén o Roma no hay albergues públicos (que se informe mejor), por lo que aquí, se sobreentiende, estamos haciendo el primo.
Resulta cansino intentar hacer pedagogía con esta gente, que no atiende a razones y es incapaz de mirar más allá de su bolsillo. No podemos juzgar su falta de conocimiento del Camino, reiterando que el éxito actual de la ruta se ha debido, precisamente, a los albergues hospitalarios, en muchos de los cuales trabajan desinteresadamente voluntarios, y también a la existencia de una red pública que ha cubierto el vacío de muchas etapas y permitido el acceso de peregrinos que de otro modo no podrían realizar un itinerario largo, sobre todo los que caminan durante un mes. Los albergues y otros alojamientos privados solo han aparecido cuando el negocio era viable gracias a los primeros. Aquí sabemos que la gallina fue antes que el huevo.
El problema es que a veces llega un político desnortado y traga el lamento de estos empresarios que quieren acabar con la «competencia», como estuvo a punto de ocurrir en Castilla y León con Javier Ramírez, Director General de Turismo que, obnubilado por el canto de las sirenas, propuso lo mismo en su día, intentando cambiar la ley para acabar con los albergues sin afán de lucro.
En fin, paciencia, resistiremos, aunque estaría bien que gente como J.L. Vilanova tuviese todo el poder, y de este modo asistiríamos al fin del Camino tal y como lo entendemos, y luego «el sector» pediría su cabeza.
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